Tras meses de tensas negociaciones, con fuertes enfrentamientos entre representantes de las sociedades de derechos de autor, operadores de telecomunicaciones, asociaciones de consumidores y hasta internautas espontáneos, el Gobierno aprobó ayer la polémica legislación sobre las descargas en Internet, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.
La normativa, integrada como disposición final de la Ley de Economía Sostenible, garantiza que sólo un juez de la sala de lo contencioso administrativo, de la Audiencia Nacional, pueda tomar la decisión final de bloquear las páginas que, a juicio de una comisión de expertos en Derecho y en Internet, integrada en el Ministerio de Cultura, no respeten los derechos de propiedad intelectual de los autores.
Mediante una denuncia de los afectados ante Cultura, se podrá abrir un procedimiento administrativo, e incluso, uno judicial ultrarrápido, que cerraría la página en un plazo máximo de cuatro días.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo se asegura la supervisión de contenidos de películas, música o videojuegos en Internet , al tiempo que cuenta con la tutela judicial de la Audiencia Nacional, en caso de cierre de páginas que no respeten los derechos de autor. Para atribuir esta competencia al organismo será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, la formación de la comisión integrada en Cultura y el proceso detallado de bloqueos de las páginas necesitará un desarrollo reglamentario.
Así funcionará el procedimiento:
- Canalización de propuestas. La primera parte del proceso será administrativa. Será la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad administrativa que depende de Cultura, integrada por expertos en propiedad intelectual e Internet, la que canalice las denuncias de los titulares de derechos de autor hacia aquellos sitios web que faciliten la descarga de archivos en la red.
- Advertencia de infracción. Una vez recibida la denuncia, la Comisión de Propiedad Intelectual, integrada por un grupo de expertos, decidirá en cada caso si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual y lo notificará, en su caso, al responsable de cada sitio web.
- Alegaciones de los denunciados. Los sitios denunciados dispondrán de un plazo de alegaciones, tras el cual, si la Comisión de Propiedad Intelectual estima que se sigue infringiendo la ley, ordenará la retirada del material o el bloqueo de la web.
- Solicitud cautelar de cierre. De persistir la supuesta infracción, la Comisión del Ministerio de Cultura solicitará al juez el bloqueo o cierre del sitio de manera cautelar, en un plazo de cuatro días.
Por orden de un juez
En declaraciones posteriores a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que, al aprobarse la serie de modificaciones que prevé la nueva ley, “permitirá recibir quejas de los ciudadanos, investigarlas, y ponerlas en conocimiento primero del titular del web, y si no se modifica su comportamiento, trasladarlo al juez para que en su caso pueda adoptar medidas cautelares”.
Caamaño destacó que se propone para el cierre de sitios web por orden del juez el “el procedimiento más ágil que existe en nuestro derecho, que es el que protege derechos fundamentales”.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, destacó ayer, por su parte, el hecho que el cierre se producirá sólo por orden judicial. La propuesta, ha añadido, es “muy equilibrada” y “da la última palabra a los jueces, que deberán decidir rápidamente”, según afirmó la ministra.
González-Sinde explicó que en el diseño de las medidas se ha optado por un sistema mixto en el que la Administración y los jueces “tienen cada uno su papel”. Ese proceso, sin embargo, “no elimina ni anula” la posibilidad de que el caso siga su curso por los cauces judiciales normales, lo que incluye la posibilidad de que los responsables de páginas web que sean cerradas o bloqueadas recurran la medida judicial.
Un centenar de páginas
“Los internautas no deben estar preocupados ni molestos”, ha sostenido la ministra, quien ha aventurado que las medidas antipiratería afectarán “a lo sumo a un centenar de páginas”. Preguntada sobre la forma en que la nueva ley afecta a sistemas de intercambio de archivos, González-Sinde ha insistido en que los ciudadanos “que hacen un uso legal” de los recursos de la red y de las obras culturales que adquieren (música, cine y videojuegos) “no deben tener ninguna preocupación”.
González-Sinde ha destacado lo necesario de estas medidas, dado que el de la creación intelectual es “un sector estratégico para la transformación del modelo productivo” y supone un 4,2% del PIB del país. Por ello es preciso promover “un mercado cultural legal”, ha dicho la ministra, y ha añadido que se trata de luchar contra “unos cuantos que se enriquecen ilegalmente y perjudican a las obras de otros”.
- Reacciones contrapuestas de autores e internautas. Para el director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, la nueva legislación “confirma el compromiso del Gobierno de acabar con la impunidad de la piratería digital”. Navarro añadió que, “además, se va hacer persiguiendo a los productores de la piratería, a los que difunden las obras sin permiso de los autores, y no a los usuarios”.
Para el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, no hace falta que una Comisión “fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España”.
Sab, Ene 9, 2010
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